¿Hasta qué punto puedes restringir un derecho fundamental de un trabajador irregular? En luz del crecimiento del número de trabajadores indocumentados en España, la cuestión sobre los derechos socio-laborales de estos trabajadores se ha convertido en un tema clave en el desarrollo de las políticas sobre la extranjería en España.
En el año 2000, el gobierno Español adoptó la Ley Orgánica 4/2000, que otorgó los derechos como de la sindicación y huelga para todos los inmigrantes para promover la integración de ellos en la sociedad Española. Pero tras una victoria absoluta del Partido Popular en las elecciones nacionales el mismo año, el gobierno tomó medidas más restrictivas y introdujo la Ley Orgánica 8/2000, una reforma de la LO 4/2000 que concedió estos derechos solamente a los inmigrantes que tenían una autorización de residencia o estancia en España.
En el año 2007, el Tribunal Constitucional declaró estos artículos inconstitucional porque vulneraron el contenido esencial de los artículos sobre las libertades de la Constitución Española y tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, textos que otorgan estos derechos a todos los trabajadores independientes de sus situaciones administrativas. Desde un punto de vista jurídico, estos fallos han amplificado los derechos de los trabajadores irregulares porque han cortado el vínculo entre la situación administrativa de un individual y el ejercicio de estos derechos. Pero el impacto de estos fallos sobre los derechos actuales de trabajadores irregulares es ambiguo ya que obstáculos socio-económicos y políticos han impedido el acceso a estas libertades fundamentales.
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